Una irregularidad hasta ahora desconocida en los documentos sobre las dimensiones de los futuros macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante podría ser el obstáculo definitivo para frenar la puesta en marcha del polémico proyecto. El Ayuntamiento se aferra a esta posibilidad tras detectar una “discrepancia” entre la superficie contemplada por la Autoridad Portuaria y la que figura en la licencia ambiental concedida a XC Business 90.
El alcalde Luis Barcala se muestra tajante al respecto y subraya que “esa disparidad afecta al inicio de todo el proceso y opera en contra de la solicitud de la empresa”. Así, el informe de la mercantil señala que los macrodepósitos se instalarían sobre una parcela de 17.900 metros cuadrados, unos datos que no coinciden con la información del Puerto: 14.500 m2.
“NO a los macrodepósitos”
Este desajuste, según el alcalde, representa un “vicio” que compromete la legalidad del procedimiento y podría impedir la concesión de la licencia de obras. Tras un recorrido judicial, todavía inacabado a expensas del Constitucional, Barcala asegura que esta diferencia en cuanto a la superficie va más allá de una cuestión técnica y es el argumento central de la estrategia municipal para frenar definitivamente el proyecto.
“Ni el Ayuntamiento, ni el Puerto, ni la Generalitat quieren esta planta”, insiste el alcalde, quien también recuerda que, además de la oposición de todas las administraciones, es una instalación que rechazan los vecinos y la totalidad de la corporación municipal. En este sentido, reitera el uso de “todos los medios a nuestro alcance: desde los judiciales a los meramente procedimentales y administrativos para expulsar su implantación”.
Más de una década de conflicto
El proyecto de XC Business 90 lleva arrastrando la negativa total desde su planteamiento inicial en 2013, cuando propuso construir una veintena de depósitos de almacenamiento de combustible en el muelle 19 del puerto. Desde entonces, nunca ha contado con el respaldo de ninguna administración ni colectivos vecinales por su peligrosidad e impacto ambiental. “Es muy difícil que algún día haya macrodepósitos en Alicante”, asevera Barcala.
Sin embargo, aunque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante dio la razón en primer término al Ayuntamiento después de rechazar la licencia urbanística, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) falló a favor de los intereses de la mercantil tras interponer un recurso ante el Alto Tribunal en 2022.
El consistorio trató de estirar la vía judicial recurriendo ante el Tribunal Supremo, pero cerró la puerta a más recursos en diciembre de 2024 y obligó a reconocer los efectos del silencio administrativo para el visto bueno medioambiental de la infraestructura. Aún así, Barcala sostiene que acató la decisión “por imperativo legal”, pero recuerda que “la sentencia solo afecta a la licencia ambiental y hay vías para impedir la construcción”.
Sin notificación
La empresa XC Business 90, por su parte, niega haber recibido comunicación alguna del Ayuntamiento sobre esta nueva objeción y alega que facilitará cualquier información necesaria para subsanar la posible incidencia. La mercantil expone que no existe ninguna infracción urbanística, ya que el proyecto ocuparía esos 14.500 metros cuadrados. Una cifra que, señalan, es inferior al máximo que permite la licencia ambiental hasta los 17.900 m2.
Para evitar esa discrepancia en cuanto a la interpretación de los datos de superficie, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria deben revisar y contrastar los expedientes. Así lo confirmó el vicealcalde Manuel Villar durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno. “No hemos enviado requerimientos a la empresa porque primero debemos verificar bien las cifras y valorar si puede ser motivo para la paralización del proyecto”, expuso.
Para el equipo de gobierno, esta diferencia “invalida” la base del expediente. Barcala insiste en que “lo que se pidió no se ajusta a la realidad”, lo cual “dificulta mucho que se pueda obtener esa licencia de obras”. En este nuevo contexto, podría quedar en nada la posible indemnización a la empresa si no se acaba ejecutando la instalación de los macrodepósitos.
“Vamos a poner todos los medios para evitar que eso suceda. Hay recursos legales suficientes para impedir la construcción sin que ello implique una indemnización”, aboga el alcalde al tiempo que incide en que “no se puede reivindicar una compensación de ningún tipo sobre derechos y beneficios económicos que nunca se han generado”.
Recurso pendiente ante el Constitucional
En paralelo, el consistorio mantiene vivo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado. Este recurso fue interpuesto contra la sentencia del TSJ y la negativa a aceptar el incidente de nulidad. El Ayuntamiento argumenta que se vulneró el “derecho a la tutela judicial efectiva”, al no valorarse la supuesta inconstitucionalidad del silencio positivo en las licencias ambientales.
La petición incluye también la suspensión de la ejecución de la sentencia, lo que permitiría paralizar los trámites hasta que el Constitucional decida. Mientras tanto, el Ayuntamiento se aferra a la última baza que le queda: una supuesta irregularidad que, aunque pequeña en apariencia, podría convertirse en la clave para frenar definitivamente un proyecto que ha generado una inusual unanimidad en su contra en todos los sectores de la ciudad.