Acabar con la red de apartamentos turísticos que operan de manera ilegal en la Comunitat Valenciana y, por tanto también en Alicante, sigue siendo una de las metas marcadas por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Así, la última actualización del Registro autonómico de viviendas turísticas, que se efectuará a finales de este mes de enero, se convertirá en el principio del fin de aquellos pisos sin licencia efectiva.
Tal y como ha detallado la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Turismo, prevé culminar este cambio en el entorno tecnológico del Registro en las próximas semanas para una tramitación “mucho más ágil, eficiente y segura” en la gestión de nuevas altas en el sistema, así como de los procedimientos en materia de inspección, reclamaciones e imposición de sanciones para los inmuebles ilegales destinados a estancias vacacionales.
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con un total de 101.205 viviendas turísticas, más de 4.100 registradas en la ciudad de Alicante. En este contexto, la consellera Marian Cano destaca que “esta adaptación del entorno tecnológico va a permitir depurar el Registro”, ya que se dará de baja a más de 34.000 apartamentos turísticos al no constar los datos esenciales ni la documentación requerida en la nueva normativa reguladora.
En el caso de la capital alicantina, el estudio técnico sobre alojamientos turísticos presentado por el Ayuntamiento arroja que 3.259 viviendas están dadas de alta en el registro autonómico y nunca solicitaron la compatibilidad urbanística municipal. En este sentido, Cano reitera que el trabajo está siendo “ingente” para contar con un sistema “depurado y fiable que detalle de forma precisa el parque de vivienda turística real que está activo”.
Nuevo diseño y más funcionalidades del Registro
La titular de Turismo avanza que la Conselleria organizará el próximo lunes 27 de enero un encuentro con los usuarios y titulares de viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana. La idea es presentar al sector el nuevo registro en una jornada de formación “una vez que el sistema se encuentre plenamente accesible y operativo”.
La aplicación introduce mejoras en la gestión interna a través de nuevas funcionalidades que la hacen, en palabras de la consellera, “más intuitiva”. Asimismo, Cano hace hincapié en la reducción de los plazos en la tramitación de expedientes, mientras que el cambio “más sustancial” viene dado por el nuevo diseño de la aplicación de gestión de empresas turísticas (GESTURNET) y su integración en la plataforma de tramitación Mart-e.
En paralelo, Marian Cano recuerda que a las modificaciones normativas y tecnológicas, la Dirección General de Turismo también ha realizado un “gran esfuerzo pedagógico" para actualizar y completar los datos del Registro de viviendas turísticas de la Comunitat Valenciana. Para ello, asegura que se ha contactado con más de 1.400 empresas gestoras y 22.000 titulares de viviendas para obtener una “mejora sustancial” de los datos.
Endurecer el control
De esta forma, el plan para acabar con los pisos turísticos ilegales en 2025 comienza con la puesta en marcha de esta nueva plataforma tecnológica del Registro que facilitará su depuración y la eliminación de aquellos inmuebles que no cumplan con la normativa vigente tras un crecimiento general en los últimos ocho años de más del 160%, apuntan desde la Conselleria, en el número de apartamentos turísticos registrado en la Comunitat.
De hecho, colectivos y asociaciones vecinales, como en la ciudad de Alicante, critican que la proliferación de este tipo de opciones vacacionales en los barrios favorece la especulación, dificulta el acceso a la vivienda y deteriora la convivencia vecinal. Es por ello que estas entidades abogan por un mayor control de los apartamentos ilegales, el cese de nuevas licencias y un modelo turístico de ciudad “equilibrado, sostenible y respetuoso”.
En algunas áreas concretas de la capital alicantina, como el Casco Antiguo y el centro tradicional, la incidencia de las VUT, según recoge el informe sobre apartamentos turísticos, alcanza el 20% sobre el total de viviendas disponibles en la zona. Un estudio que recomienda la creación de un censo municipal, incentivar el alquiler residencial a largo plazo y establecer límites de densidad o gravámenes fiscales por el uso de recursos públicos.