La Generalitat Valenciana mantiene bajo lupa la polémica promoción de viviendas de protección pública (VPP) de la Condomina, el primer proyecto de estas características que se ha llevado a cabo en Alicante en los últimos 25 años. Un caso que ha desatado todo un terremoto en la ciudad tras conocerse que algunos de los propietarios tienen vínculos con la administración.
Tal y como confirmó este miércoles la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, la Conselleria ha detectado nuevos expedientes incompletos en los visados de adjudicación y ha comenzado una revisión de oficio de toda la documentación para comprobar que, efectivamente, la información adjuntada es correcta y cumple los requisitos.
Sin embargo, no es el único frente abierto para la administración autonómica, encargada de supervisar y controlar que quienes han sido elegidos por la cooperativa cumplan los criterios exigidos para acceder a una VPP. Desde que las primeras viviendas fueron entregadas a finales de 2025, la Conselleria ha recibido hasta cuatro solicitudes para venta o alquiler de inmuebles.
Excepcionalidad y precios máximos
La Generalitat ha recibido hasta el momento tres solicitudes para arrendar este tipo de viviendas, que se encuentran en fase de estudio por parte de la Conselleria. Según ha explicado Camarero, cada expediente está siendo analizado “de forma minuciosa” para comprobar que concurren realmente las “circunstancias de excepcionalidad” exigidas por la ley.
La consellera ha enfatizado que la normativa sólo contempla el alquiler en situaciones “muy concretas y justificadas”, ya que los pisos de protección pública están destinados a primera residencia. Entre las posibilidades están “un contrato laboral en el extranjero” o la necesidad de atender a una persona dependiente, siempre previa autorización administrativa.
Asimismo, en caso de que alguna petición sea autorizada, los contratos deberán respetar de manera estricta los precios máximos establecidos para la vivienda protegida, unas condiciones que —ha recalcado la consellera— ya figuraban en la normativa vigente.
La venta requiere autorización expresa
Camarero ha informado, al mismo tiempo, que tan solo un propietario ha iniciado los trámites para desprenderse de su piso en el Residencial Les Naus de la Playa de San Juan. La consellera recuerda que la venta de una vivienda de protección pública está sujeta a un “control estricto” y el primer paso, precisamente, es solicitar de forma expresa la autorización.
“Antes de iniciar cualquier operación transaccional es indispensable que la Generalitat dé el visto bueno y conceda el permiso para llevarlo a cabo”, subraya la vicepresidenta primera y titular del área de Vivienda.
En este proceso, el Consell se reserva, además, la posibilidad de ejercer el derecho de retracto, una herramienta que la Generalitat valora para evitar “cualquier resquicio que permita especular” con este tipo de inmuebles.
No es el único cortafuegos. La venta, en caso de autorizarse, solo podría cerrarse al precio fijado por el módulo vigente de VPP, es decir, por el mismo importe por el que fue adquirida, y siempre a un comprador que también cumpla los requisitos legales para acceder a una vivienda protegida.
Camarero ha concluido que, por ahora, no consta ninguna otra petición de venta ni se ha formalizado ninguna transmisión. Y es que el diario INFORMACIÓN destapó la posible venta ilegal de algunos inmuebles a precio de mercado libre (entorno a 400.000€), con cifras en ‘b’ que podrían alcanzar los 200.000 euros para eludir el control de la Generalitat.