“El alcalde dará todas las explicaciones”. Con estas palabras ha iniciado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, su intervención tras la Junta de Gobierno. Una comparecencia en la que ha anunciado la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía para investigar "posibles irregularidades" en el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas de la Playa de San Juan.
Además, el coportavoz municipal también ha avanzado que Luis Barcala ha convocado para este jueves un Pleno extraordinario en el que se abordará de forma monográfica la polémica que monopoliza el debate en Alicante en los últimos días: el presunto escándalo que envuelve la entrega de varios pisos de una promoción privada construida sobre suelo público (VPP), en la Condomina, a personas vinculadas directamente con la administración.
La convocatoria se produce después de que los grupos progresistas de la oposición en bloque —PSOE, Compromís y EU-Podem— solicitaran inicialmente una sesión extraordinaria que tuvo que ser subsanada por deficiencias formales. Tras retirar esa petición y presentar una nueva, el alcalde ha decidido convocar el pleno con el objetivo de ofrecer “todas las explicaciones posibles” con la “información disponible hasta el momento”.
“El Ayuntamiento no adjudica ninguna vivienda”
Villar ha centrado buena parte de su discurso en delimitar las competencias municipales. “El Ayuntamiento no adjudica vivienda alguna”, ha afirmado de forma tajante, una idea que ha repetido en varias ocasiones para responder a las críticas surgidas en torno al caso y la implicación municipal.
Tal y como ha explicado, el consistorio se limita a licitar la venta de un suelo público a precio tasado para la promoción privada de vivienda protegida y, posteriormente, a conceder la licencia de obras. “La selección de los cooperativistas corresponde exclusivamente a la promotora y no hay ninguna norma que establezca ningún control municipal”, ha enfatizado.
El vicealcalde ha señalado que se han realizado afirmaciones que, a su juicio, “no se ajustan a la normativa vigente”. Por ello, ha defendido la necesidad de explicar “con detalle” cómo funciona el procedimiento y qué competencias corresponden a cada administración. “La normativa aplicada es la misma desde 2009 —Decreto 90/2009— y no ha sido modificada por ninguno de los gobiernos autonómicos posteriores”, ha apuntado.
Explicaciones políticas
El pleno extraordinario se celebrará en un contexto marcado por varias dimisiones y renuncias. Villar ha recordado que la semana pasada dimitieron la directora general de Organización Interna y la concejala de Urbanismo. “Ayer por la mañana se formalizó esa renuncia”, ha precisado.
El vicealcalde ha subrayado que el equipo de gobierno considera “necesario” que el debate se produzca en sede plenaria para dar cuenta de todos los pasos dados hasta ahora. “El Ayuntamiento ha concluido su informe interno y actúa con la información que tiene”, ha afirmado, señalando que el pleno permitirá exponer esos datos ante todos los grupos y la ciudadanía.
Villar ha insistido en que el alcalde comparecerá con la voluntad de aclarar los hechos conocidos y responder a las preguntas que se planteen. “Estamos actuando con la mayor celeridad posible dentro de nuestras competencias”, ha sostenido, remarcando que cualquier irregularidad que se confirme en el seno del Ayuntamiento será abordada "con contudencia".
La oposición exige respuestas “claras”
“Los hechos son cada vez más graves y hoy hemos conocido que incluso se ha producido reventa de pisos y de garajes”, ha destacado la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en referencia a la información avanzada por Radio Alicante Cadena Ser. “Barcala comparece el jueves porque la oposición le ha forzado a dar explicaciones, no de forma voluntaria”, ha sentenciado.
Además, el grupo municipal socialista critica que el equipo de gobierno “diga ahora que no tenían la obligación de controlar las adjudicaciones porque no lo dice la ley”. En este sentido, Barceló reitera que “deben existir controles en promociones que se han construido sobre una parcela pública y esa es una responsabilidad del Ayuntamiento”.
Por su parte, desde Esquerra Unida-Podem advierten de que este “rumbo político”, sostenido por el PP con la connivencia de Vox, tiene “consecuencias muy claras”: menos vivienda pública para quien la necesita, más especulación, más expulsión de la gente trabajadora de sus barrios y más privilegios para quienes están cerca del poder.
“Después de haber desmantelado las políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios para beneficiar a los de siempre, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ni fingir sorpresa”, ha señalado el portavoz municipal de la formación, Manolo Copé. “No es una anécdota ni un fallo puntual: la vivienda deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio”, ha concluido.