Hace tiempo que los ‘tuctucs’ dejaron de ser una curiosidad para convertirse en un medio de transporte habitual en las zonas más turísticas de Alicante. En los últimos años, estos triciclos motorizados han proliferado en masa en medio de un intenso debate sobre su encaje en la movilidad urbana y su convivencia con peatones, taxis y transporte público.
Ante ese escenario de fondo, el Ayuntamiento anunció hace meses la elaboración de una ordenanza específica para regular esta actividad. Sin embargo, el texto normativo todavía no ha entrado en vigor y la circulación de estos vehículos continúa generando mucha controversia, especialmente por su presencia en zonas donde el acceso está restringido.
De hecho, el Grupo Municipal Socialista denuncia que los ‘tuctucs’ siguen llegando hasta el entorno del Castillo de Santa Bárbara, donde, según sostiene, acceden a un espacio reservado para servicios oficiales y rebasan el punto en el que se limita la subida al transporte público y los taxis.
Una ordenanza anunciada en 2025 que sigue pendiente
Esta problemática llevó al Ayuntamiento de Alicante a anunciar en noviembre de 2025 una ordenanza para regular la circulación de los triciclos motorizados. El objetivo era establecer un marco normativo para una actividad que generaba, y lo sigue haciendo, numerosas quejas vecinales y dudas sobre su idoneidad y funcionamiento en el centro histórico.
El concejal de Tráfico y Movilidad Urbana, Carlos de Juan, explicó entonces que de forma provisional las tres empresas que gestionan estos vehículos tenían prohibido el acceso al Casco Antiguo en aplicación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida perseguía "reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad peatonal”.
El equipo de gobierno defendió que la futura regulación permitiría “poner fin al vacío normativo”, reducir la saturación de tráfico en el único anillo de acceso restringido de la ZBE y, al mismo tiempo, proteger al sector del taxi en equilibrio con la actividad económica de los 'tuctucs'.
Meses después, la ordenanza continúa en fase de elaboración. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, señala ahora que el área de Tráfico "sigue trabajando" en el texto, aunque sin concretar una fecha para su aprobación ni las medidas complementarias previstas para este tipo de transporte turístico.
Aunque estas normas continúan “aún por definir”, se plantea la creación de una licencia específica para los ‘tuctucs’, ahora inexistente, y la limitación de la publicidad exterior. Además, el Ayuntamiento también estudia la posibilidad de establecer rutas fijas y zonas concretas de parada.
El Ayuntamiento asegura que ya está imponiendo sanciones
En paralelo a la futura ordenanza, el Ayuntamiento subraya que "ya está actuando" frente a quienes infringen la normativa. ”Se ha procedido a multar a aquellos que incumplen la restricción de accesos", afirma la portavoz Cristina Cutanda. También indica que se están levantando actas sancionadoras, aunque sin precisar cuántos expedientes se han tramitado.
Para el PSOE, sin embargo, esta situación demuestra que las limitaciones aprobadas no se están haciendo cumplir "de forma efectiva". El concejal Raúl Ruiz sostiene, además, que el Ayuntamiento sigue sin aclarar bajo qué habilitación desarrollan su actividad estos vehículos ni qué controles se realizan sobre seguros, autorizaciones, número de pasajeros o condiciones de seguridad.
La otra cara del acceso al Castillo de Santa Bárbara
Los socialistas consideran contradictorio, del mismo modo, que los ‘tuctucs’ continúen trasladando turistas mientras la lanzadera que conecta el centro de Alicante con la fortaleza presta actualmente un servicio con una frecuencia inferior a la prevista inicialmente.
Según recuerdan, la Junta de Gobierno aprobó una frecuencia ordinaria de 20 minutos, con refuerzos de entre tres y siete minutos durante eventos y jornadas con llegada de cruceros. Sin embargo, exponen que la información turística municipal recoge en la actualidad una frecuencia de 40 minutos, con servicios adicionales cada 20 minutos en temporada alta.
En este sentido, el Grupo Socialista denuncia que “se pague un servicio público para subir al Castillo mientras se permite que empresas privadas le quiten los viajeros sin ninguna regulación”. Además, solicita reforzar la presencia de la Policía Local en el acceso a la fortaleza para impedir la entrada de vehículos no autorizados.