La tensión laboral latente en los autobuses interurbanos de Alicante vuelve a estallar. El comité de empresa de La Alcoyana ha convocado una jornada de huelga para este jueves 24 de septiembre, una movilización que afectará al servicio de transporte de la comarca de l’Alacantí y que estará acompañada de una concentración en la Plaza del Ayuntamiento.
La protesta se celebrará coincidiendo con el Pleno municipal en Alicante y reunirá también a trabajadores de Masatusa, adjudicataria del servicio urbano, y La Alcoyana de Alcoy, empresas integradas en el grupo Vectalia.
El comité quiere trasladar a las puertas del consistorio un conflicto que, según sostiene, lleva "mucho tiempo acumulando problemas” con averías de los autobuses, las condiciones laborales y el registro de jornada.
Esta movilización tendrá una consecuencia directa para los usuarios: habrá reducciones de frecuencias y retrasos. Por el momento, la empresa todavía no ha comunicado los servicios mínimos establecidos.
Entre los autobuses afectados este jueves estarán las líneas 21 (El Campello), 23 (Mutxamel y Sant Joan) y 24 (San Vicente del Raspeig), además de la C-6 (aeropuerto); 30; 35, 36 y 38A (universidad); 40, 41, C-51, C-52 y C-53.
El conflicto que empezó antes de las Hogueras
El origen de la protesta de este jueves se remonta al anterior anuncio de huelga, previsto para los días grandes de las pasadas Hogueras 2026 en Alicante. El comité explica que los trabajadores decidieron aplazar la convocatoria con la intención de “dar tiempo” a la empresa para solucionar las “deficiencias” que venían denunciando desde hacía meses.
La plantilla esperaba, según subrayan los representantes sindicales, que durante ese periodo se actuara sobre las averías de la flota y “se cumplieran los compromisos trasladados por la empresa”. Sin embargo, el comité considera que las soluciones “no han llegado en los términos esperados”.
Aseguran que "el deterioro, los percances y las incidencias en los vehículos, lejos de desaparecer, se han multiplicado" y sostienen que algunos autobuses continúan circulando con deficiencias que, a su juicio, repercuten tanto en las condiciones de trabajo como en la prestación del servicio a los usuarios.
La situación se habría agravado en las últimas semanas, según señala el comité, por supuestos 'toques de atención' de la empresa a algunos trabajadores que habían facilitado a la organización sindical fotografías para documentar el estado de los autobuses.
La representación laboral afirma que "se les habría advertido" de posibles expedientes y denuncia que "se pretende intimidar y amenazar a quienes simplemente trasladan estos problemas".
El registro de jornada es otro de los puntos de conflicto
El segundo gran bloque de reivindicaciones tiene que ver con un control de la jornada laboral que garantice unas "condiciones de trabajo dignas". El comité cuestiona el funcionamiento del sistema de ‘toma y deje’ y afirma que “no refleja correctamente todo el tiempo que los trabajadores dedican a su actividad”.
La representación de los trabajadores reclama que el registro de horas trabajadas recopile de forma “efectiva y con precisión” el tiempo “real” empleado antes de comenzar el servicio y después de finalizarlo.
“Disponer de un sistema incompleto y poco fiable dificulta el control de horarios, el pago o compensación de excesos de jornada por horas extra y la defensa de los derechos de la plantilla”, aseguran.
Explicaciones al Ayuntamiento y la Conselleria
La protesta del jueves tendrá, además, un componente político. El comité no quiere que las administraciones “queden al margen” y les exige que conozcan la situación y actúen sobre los problemas que, según denuncia, afectan al servicio público de transporte en Alicante y su área metropolitana.
Otro de los asuntos que quieren poner sobre la mesa es el supuesto uso de dependencias municipales como taller para reparar autobuses de La Alcoyana. El comité reclama al Ayuntamiento información sobre "qué instalaciones se utilizan, con qué autorización, qué recursos públicos se emplean y quién asume el coste" de esas reparaciones.
En paralelo, los trabajadores también piden a la Dirección General de Transportes, dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, que supervise el cumplimiento de las obligaciones laborales y de servicio recogidas en el contrato de emergencia y que se corrijan las deficiencias que persisten en la flota.