No ha sido un inicio sencillo para la comisión sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante. El órgano que debe analizar el papel municipal en el caso de las polémicas adjudicaciones del residencial de la Playa de San Juan ha sufrido este martes el plantón de cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer.
Entre las personas que han declinado la petición de comparecencia figuran la actual jefa del Servicio de Gestión Patrimonial y el arquitecto municipal que resultó adjudicatario de una vivienda en el bloque de Les Naus.
Este último técnico fue apartado meses después de los trámites relacionados con el futuro Plan General Estructural (PGE), una decisión que, según el Ayuntamiento, “no guarda relación” con las adjudicaciones investigadas.
El vicealcalde, y presidente de la comisión no permanente del Pleno, Manuel Villar, ha explicado en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno que las comparecencias son “voluntarias” y ha insistido, en todo caso, que toda la información “ya está en la documentación aportada a los grupos”.
Un único testimonio
La única voz en esta primera sesión de la comisión de las VPP ha sido un extrabajador municipal, ya jubilado, que participó en la tramitación de la enajenación del solar ubicado en la avenida Historiador Vicente Ramos.
Antes de responder a las cuestiones planteadas por los grupos políticos, el extécnico ha querido dejar claro que “no” tuvo relación alguna con las adjudicaciones que continúan bajo investigación judicial y ha subrayado también que “no” posee ninguna de las viviendas de la polémica en Les Naus.
Así, el compareciente ha situado el origen del proceso en 2016 cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el tripartito de izquierdas, optó por enajenar la parcela mediante concurso público, iniciando el expediente.
Además, ha explicado que el procedimiento sufrió interrupciones en varias ocasiones en ese tiempo, aunque finalmente se reactivó en el año 2018 y se publicó para permitir la presentación de ofertas, ya con el cambio de gobierno municipal y Luis Barcala al frente de la alcaldía.
Desde la oposición se ha puesto el foco en que la cooperativa adjudicataria presentó su propuesta apenas un día después de la licitación. “Es un plazo muy breve”, ha admitido el extécnico, quien ha señalado que el expediente pudo pasar por “medio ayuntamiento” antes de su publicación.
No obstante, el único testimonio del día ha negado haber filtrado información y ha recalcado “no tener constancia” de cambios en 2018 del pliego de condiciones respecto al de 2016, una cuestión preguntada por la portavoz socialista, Ana Barceló.
“Falta documentación”
Los grupos de la oposición han cargado contra el equipo de gobierno por la falta de documentación en la comisión, señalando la ausencia de informes relevantes, como uno de la Policía Local, así como los expedientes disciplinarios abiertos a funcionarios.
En este contexto, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha advertido de que estas carencias “dejan abierta la puerta” a “pensar muchísimas cosas” sobre el proceso en Les Naus, donde, a juicio de la concejala, ha habido adjudicaciones a personas que habrían contado con “información privilegiada”.
"Queremos saber dónde está toda esa documentación para hacer las preguntas a los comparecientes", ha manifestado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien considera que hay una "casualidad enorme" en el caso de las VPP de Les Naus.
Por su parte, desde EU-Podem han registrado un escrito donde solicitan que se garantice el acceso “íntegro” a todos los expedientes e informes técnicos en poder del Ayuntamiento. “La comisión se crea para garantizar transparencia y rendición de cuentas; sin comparecencias, ni documentación, ese objetivo queda seriamente limitado”, ha subrayado la formación.
El vicealcalde Manuel Villar ha puntualizado que el acceso ya está "solucionado" y que había una carpeta que “no se había subido a la plataforma” en la que los integrantes de la comisión pueden consultar “toda esa información”.
De cara a la siguiente reunión (viernes 24 de abril) se ha acordado pedir la comparecencia, entre otras, de la arquitecta del consistorio cuya pareja, empleado de la Conselleria de Vivienda, fue suspendido de empleo y sueldo por su intervención en la validación del visado relativo al residencial.