Nuevas posibles irregularidades en el escándalo que envuelve la urbanización Les Naus de Alicante. La Conselleria de Vivienda ha iniciado una revisión de oficio de los expedientes de la polémica promoción de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan después de detectar que algunos documentos carecían de información relevante sobre los solicitantes.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado este miércoles que faltan datos en varios expedientes “en relación con los ingresos y propiedades del otro cónyuge en casos de matrimonios en separación de bienes”.
Esa es, precisamente, la situación que ha llevado a la suspensión cautelar de empleo y sueldo de un técnico de la Dirección Territorial de Vivienda en Alicante. El funcionario habría validado supuestamente la adjudicación de una las viviendas a su mujer, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante, sin aportar al expediente toda la información necesaria.
Revisión ”uno a uno”
Ahora la conselleria ha identificado nuevos expedientes incompletos y ha solicitado que se vuelva a revisar toda la documentación. El procedimiento se centra en verificar que los visados reflejen correctamente las condiciones de los beneficiarios y, en su caso, demandar la información que no se aportó. “Si hay irregularidades, actuará la ley caiga quien caiga”, ha subrayado.
La consellera ha vuelto a insistir que la Generalitat no adjudica directamente las viviendas, sino que supervisa que quienes han sido elegidos por la cooperativa cumplan los criterios exigidos para acceder a una VPP. Así, el Servicio Territorial está revisando cada expediente remitido "uno a uno" para comprobar que las solicitudes cuenten con la documentación exigida.
Camarero ha descartado cuantificar cuántos casos se han detectado para "no alarmar" porque hay que esperar a comprobar que si la información adicional reclamada —como los ingresos o propiedades en régimen de separación de bienes— es "correcta". En caso contrario, la información recabada se trasladará a Fiscalía para ampliar la denuncia ya interpuesta por la Generalitat y que el órgano judicial continúe la investigación.
Medidas y controles adicionales
En paralelo, la consellera ha anunciado que se intensificarán los controles para garantizar la transparencia en las adjudicaciones. Entre las medidas, se creará una comisión de revisión de visados que evite la dependencia de un único funcionario y se implementará la presentación electrónica de todas las solicitudes, con verificación de ingresos y propiedades a través de la colaboración con la Agencia Tributaria y el registro de la propiedad.
Camarero también ha precisado que la Generalitat controlará los casos de venta o alquiler de las VPP. En situaciones de venta, se ejercerá el derecho de retracto para evitar que las viviendas de protección pública se comercialicen fuera de los criterios establecidos, y las personas interesadas deberán cumplir los mismos requisitos que los beneficiarios originales.
En cuanto al alquiler, se estudiarán las solicitudes "caso por caso" para verificar que se cumplen las condiciones excepcionales requeridas. Y es que en la polémica de Les Naus, varios portales inmobiliarios han recogido en los últimos meses anuncios de alquiler de hasta 1.600 euros mensuales.
“Se van a intensificar los controles y crear mecanismos claros de seguimiento en cada promoción del Plan Vive”, ha indicado Camarero. Por último, ha agregado que se establecerá un registro específico para cada promoción, donde se consignará toda la información sobre solicitantes y adjudicatarios, así como criterios de selección si hay más candidatos que viviendas disponibles.