El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha salvado de forma inesperada —gracias al voto de calidad del alcalde Luis Barcala en ausencia del concejal de Vox, Mario Ortolá— la aprobación de la nueva tasa de basuras en el pleno ordinario de octubre. La sesión plenaria, aplazada el pasado jueves por respeto a las víctimas de la DANA, también ha dado luz verde a una de las cuestiones que más “bronca” política ha generado en las últimas semanas en la ciudad alicantina: la Zona de Bajas Emisiones sin restricciones.
Así, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos busca ajustar el pago al valor catastral de las viviendas a partir del año 2025. Tal y como ha defendido el concejal de Hacienda, Toni Gallego, el texto aprobado representa una “mejora” respecto a la propuesta inicial, dado que ahora incluye un 42% de descuento para las viviendas con un valor de menos de 300 euros por metro cuadrado. “Es un avance significativo que descarga a las familias con menores recursos, mientras que el coste adicional recae en las viviendas de mayor valor”, ha afirmado Gallego.
La aprobación ha requerido del voto de calidad del alcalde tras un empate a 14 votos entre el equipo de gobierno y la oposición. La ausencia por baja de paternidad del concejal de Vox, Mario Ortolá, ha provocado unas tablas que ha decantado a su favor el primer edil. Esta figura jurídica contemplada en el reglamento municipal ha permitido que la propuesta salga adelante pese al rechazo de todos los grupos. En este sentido, el cambio de guión a última hora evita posibles sanciones al Ayuntamiento por incumplir el mandato obligatorio impuesto por la Unión Europea de equilibrar la recaudación con el coste real del servicio.
“Tasa injusta y desequilibrada”
Las explicaciones del equipo de gobierno no han convencido a la oposición, pero el debate se ha alejado del enfrentamiento de otras ocasiones en un contexto marcado por el dolor y la unión para apoyar a las personas afectadas por las lluvias torrenciales en València. De esta forma, tan solo los representantes de Compromís y Esquerra Unida-Podem —PSOE y Vox han preferido mantenerse en silencio— han replicado la intervención del edil de Hacienda para justificar su voto en contra.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que la tasa “no penaliza a quienes más contaminan” y ha criticado que establece la carga “sobre más del 80% de los domicilios y solo un 17% sobre las actividades económicas”. Asimismo, ha subrayado que “han decidido no gravar a las viviendas vacacionales de alquiler ni bonificar a quienes practican compostaje o separación de residuos”. Por otro lado, Mas ha incidido en que el cálculo de esta tasa es “erróneo y desproporcionado" y ha recriminado al gobierno municipal la demora en implementar la medida, argumentando que "debió entrar en vigor en 2022”.
En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha señalado que “la tasa no diferencia entre grandes empresas y familias de barrios desfavorecidos”, lo que genera una carga “injusta”. Así, Copé ha recordado que su grupo ha sido el único en presentar una enmienda a la totalidad de la ordenanza, por lo que han exigido su retirada: “Entendemos que esta ordenanza va a producir un efecto negativo en las personas con menos recursos”, ha manifestado al mismo tiempo que ha agradecido el intento de diálogo por parte del equipo de gobierno, aunque finalmente “no se logró ningún consenso".
Zona de Bajas Emisiones sin restricciones ni sanciones
El pleno también ha dado luz verde a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, acordada entre PP y Vox, sin incluir restricciones de tráfico. La ordenanza ha recibido un total de 17 votos a favor y 11 en contra de PSPV, Compromís y EU-Podem. El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha explicado que la ley exige a municipios de más de 50.000 habitantes reducir las emisiones de movilidad, y que son las entidades locales las que deben delimitar y regular estas zonas.
De esta manera, Villar ha subrayado que la ordenanza “busca incrementar la seguridad vial, garantizar la protección de la salud y mejorar la calidad del aire”. Ha defendido, además, que la ZBE promovida en Alicante se orienta a fomentar la movilidad sostenible y desincentivar los modos de transporte más contaminantes, respetando el principio de proporcionalidad para no imponer restricciones innecesarias a la ciudadanía. La oposición, sin embargo, tacha la ordenanza de “insuficiente” para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Rafa Mas ha señalado que "habría votado a favor de la propuesta planteada en la anterior legislatura, que contemplaba la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y parte de la Rambla, así como grandes anillos en áreas de gran tránsito". Así pues, ha lamentado que el PP “haya tirado a la basura un proyecto pactado con Compromís” y ha reprochado que el acuerdo se haya hecho con una formación que “niega la contaminación y el cambio climático”. Mas calificado de ordenanza de “fantasma” y una medida que “no beneficiará la calidad de vida, aumentará la contaminación y perjudicará al pequeño comercio”.
Por su parte, Manolo Copé (EU-Podem) ha recordado que en la comisión previa al pleno, los representantes de PSPV, Compromís y EU-Podem abandonaron la sesión al no recibir un calendario de aplicación ni informes de impacto económico. “Solicitamos la ampliación del plazo de presentación de enmiendas y se denegó. Se han hecho oídos sordos a las aportaciones de las entidades ciudadanas, mientras la propuesta se apoya en criterios supuestamente técnicos que desde nuestro grupo entendemos como políticos”, ha señalado.
Moratoria para los ‘hippies’
La Junta de Portavoces aprobó retirar del pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Alicante todas las cuestiones políticas, dejando en el orden del día únicamente aquellos temas que fueran “estrictamente imprescindibles” y que se correspondiera con expedientes en tramitación por una cuestión de plazos. De esta forma, la sesión también ha aprobado una moratoria para que los vendedores del mercadillo de la Explanada puedan permanecer en esa ubicación hasta el 15 de enero de 2025, con la obligación de desmontar las casetas antes del 31 de ese mismo mes antes de su reubicación al espigón de El Postiguet.
Por último, el Pleno también ha dado luz verde al tercer expediente de modificación de créditos por casi 28,6 millones de euros, consistente en fondos extraordinarios de 24.093.858 euros, suplementos de crédito por importe de 4.474.618 euros y bajas por anulación por importe de 9.894.500 euros, dentro del presupuesto del ayuntamiento para 2024; mientras que también ha salido adelante la modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante.
La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha recordado que en una comisión celebrada el pasado 24 de octubre se dictaminó la inclusión de la enmienda presentada por el grupo socialista al artículo 12 de los Estatutos, para crear un nuevo apartado con el que poder constituir comisiones para abordar asuntos concretos del Patronato.