La proliferación de escombreras ilegales en diferentes puntos de Alicante se ha convertido en uno de los principales problemas medioambientales y de convivencia de la ciudad. Varios caminos rurales, polígonos industriales y parcelas sin uso se han transformado en vertederos improvisados donde se acumulan restos de obras, muebles, electrodomésticos y podas.
Así, zonas como Llanos del Espartal, Rabasa, Monte Orgegia o áreas de las partidas rurales de Alicante son algunos de los enclaves más afectados por el vertido incontrolado de escombros y desechos que degradan y deterioran el entorno natural y urbano. Este fenómeno se ha extendido en los últimos años y obliga al Ayuntamiento a destinar más recursos a su eliminación mientras la oposición exige mayor capacidad de vigilancia y control.
En este sentido, el consistorio aprobó este martes en Junta de Gobierno la primera modificación del contrato del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Municipales, Limpieza Viaria y Aseo de Espacios Públicos. La medida, con una inversión adicional de 750.000 euros anuales hasta 2031 —un gasto total de más de 5 millones de euros—, se destinará exclusivamente a combatir los vertidos incontrolados en polígonos y solares.
Nuevos camiones, palas y operarios
El concejal de Limpieza Viaria y Residuos, Rafael Alemañ, explica que con esta modificación “se duplican los medios destinados a la retirada de escombros, enseres y residuos de obras menores que se depositan de manera irregular en espacios públicos o caminos”. El edil indica que el refuerzo permitirá incorporar “camiones, palas y vehículos especiales” para atender de forma “más eficaz” las incidencias en aquellos puntos más conflictivos.
En concreto, se sumarán nueve operarios —cinco conductores y cuatro peones—, además de cinco vehículos pesados: una pala, un tractor con brazo desbrozador, dos camiones con remolque basculante y otro con pluma.
De esta forma, ahora el volumen global del contrato asciende de 40,4 millones a 41,2 millones de euros anuales. El servicio, adjudicado en 2022 a Netial, la UTE formada por FCC Medio Ambiente y PreZero España, fue suscrito por un importe de 323,3 millones de euros para ocho años, cifra que ahora aumenta hasta los 328,4 millones de desembolso para las arcas municipales.
El vicealcalde y portavoz municipal, Manuel Villar, subrayó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que esta ampliación de personal y maquinaria tiene como único objetivo "mejorar la eficacia del servicio y dar una respuesta inmediata a las escombreras ilegales”. Villar pidió, además, la colaboración ciudadana e incidió en que “no basta con exigir más medios; también es necesario denunciar los comportamientos incívicos”.
Más residuos en el Ecoparque
En paralelo, el Ayuntamiento ha acompañado el refuerzo del servicio con "nuevas facilidades" para alicantinos y alicantinas en la gestión de residuos. Así, el Ecoparque de Aguamarga ha ampliado hasta 3.500 kilos diarios por persona la cantidad de escombros que se pueden depositar de forma gratuita. También se permite entregar sin coste hasta media tonelada de residuos voluminosos, como muebles o electrodomésticos de gama blanca.
El concejal de Limpieza recuerda que abandonar residuos en espacios no autorizados puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros, según la Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos aprobada en marzo de 2024. Esta normativa endurece las sanciones para quienes depositen materiales de construcción, podas o enseres fuera de los lugares habilitados.
Asimismo, establece obligaciones para los propietarios de solares y parcelas, que deben mantenerlos en condiciones adecuadas y evitar la acumulación de basura o restos de obras. Alemañ señala que, para obras de mayor envergadura, se ha habilitado la posibilidad de contratar directamente con empresas autorizadas la instalación de contenedores en la vía pública, sin necesidad de realizar trámites con el Ayuntamiento.
La oposición exige más control y planificación
La portavoz del Grupo Socialista, Ana Barceló, muestra su preocupación por el estado del barrio del Cementerio, donde —según señala— “las acumulaciones de residuos y el deterioro urbano siguen siendo evidentes”. La edil socialista denuncia que “once meses después” de que el Ayuntamiento “expulsara” a las familias de las viviendas municipales, el proyecto para rehabilitar estos inmuebles se encuentra “completamente paralizado”.
Barceló asegura que se trata de “un ejemplo más del abandono al que el equipo de gobierno ha condenado a este barrio de Alicante, que languidece entre aceras impracticables y montañas de escombros en espacios públicos y privados”. La portavoz socialista exige “actuar de manera urgente” y reclama “acatar el mandato del Pleno y una mayor agilidad en la ejecución de las actuaciones pendientes de reurbanización en la zona”.
Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, lamenta la situación de “abandono” en el polígono de Llanos del Espartal, donde —afirma— “los vertidos están afectando a la imagen y potencial industrial de un recinto que debería ser un motor de desarrollo económico para la ciudad para crear puestos de trabajo de calidad”. Mas responsabiliza tanto a los infractores que arrojan los residuos como al Ayuntamiento por su “pasividad”.
Así, el edil de la formación progresista considera necesario reforzar la inspección y establecer una trazabilidad de los residuos de las licencias de obras que se otorguen. “El Ayuntamiento no vigila, ni controla ni hace un rastreo de los escombros y materiales para garantizar que acaben en los puntos autorizados”, enfatiza. A su vez, exige ampliar la red de ecoparques y advierte de que los vertidos están afectando al aire y a los acuíferos.