El Ayuntamiento de Alicante ya dispone de capacidad sancionadora propia para actuar contra las viviendas turísticas ilegales que operen en la ciudad. La posibilidad se activa tras la adhesión al convenio marco impulsado por la Generalitat Valenciana, mediante el cual delega en los municipios las competencias para instruir y resolver procedimientos sancionadores.
La consellera de Turismo, Marián Cano, ha confirmado este martes que la solicitud ha sido revisada y cuenta con informe favorable. “El Ayuntamiento puede iniciar el ejercicio de estas competencias por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico (VUT)”, ha señalado.
A través de esta herramienta, el consistorio podrá sancionar directamente a las viviendas turísticas que presenten irregularidades. "La asunción de las competencias nos permite dar un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante”, expone el nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, tras la dimisión de Rocío Gómez.
¿Qué multas se contemplan?
El convenio, articulado a través de la Federación de Municipios y Provincias, permite a los ayuntamientos asumir la tramitación completa de los expedientes, desde la detección de la infracción hasta la imposición de la sanción correspondiente.
Las multas previstas en la normativa autonómica oscilan entre los 10.000 y los 600.000 euros, en función de la tipificación de la infracción. Entre las consideradas más graves se encuentran el ejercicio de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o la falsedad en los precios ofertados.
Además, también se contempla como infracción muy grave la falta de inscripción de la vivienda en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. En determinados supuestos, la normativa contempla incluso el cierre parcial o total del alojamiento turístico.
Previsión de ingresos
El Ayuntamiento ha elaborado una estimación económica vinculada a la aplicación de este régimen sancionador. En función de los expedientes que puedan ser instruidos por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, calculan que las sanciones podrían generar unos ingresos de 8,8 millones de euros durante los cinco años de vigencia del convenio.
De esa cifra, alrededor de 2,8 millones de euros corresponderían al ejercicio de 2026. La consellera ha indicado que el objetivo del acuerdo es que los ayuntamientos puedan asumir estas competencias “con el objetivo de lograr una actuación más ágil, eficaz y cercana frente a posibles irregularidades”. Según ha explicado, el modelo busca facilitar una respuesta administrativa más directa desde el ámbito local.
Alicante se incorpora así al listado de municipios que ya se han adherido a este convenio marco, entre los que se encuentran València, Benidorm, Faura, Piles, Ayora y la Font d’en Carròs. Cano ha señalado que este sistema “refuerza la coordinación entre administraciones y mejora la capacidad de control desde el ámbito local”.
Actualización del registro
La consellera también ha hecho referencia al proceso de depuración del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, iniciado tras la aprobación en 2024 de la Ley autonómica de Viviendas de Uso Turístico. Cano ha recordado que “solo en 2025 se han dado de baja más de 18.300 viviendas de uso turístico que no cumplían la normativa”.
Asimismo, ha avanzado que “durante 2026 el proceso continúa con la tramitación de la baja de otras 11.000 viviendas adicionales”. Según ha explicado, esta actualización del registro se está desarrollando de forma paralela a la aplicación de la normativa vigente en materia de viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana.