Alicante pasa de la advertencia a la acción en el control de los apartamentos turísticos. El Pleno municipal celebrado este jueves 18 de diciembre ha activado una doble vía para frenar la expansión de este tipo de alojamientos: limitar nuevas licencias en zonas saturadas y asumir, por primera vez, la capacidad de sancionar directamente a quienes operen al margen de la ley.
En concreto, la sesión plenaria ha aprobado la apertura del periodo de información pública de la futura normativa que permitirá bloquear nuevas autorizaciones en aquellas áreas de la ciudad con una alta densidad turística. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PP) y la abstención en bloque del resto de grupos de la oposición.
Desde el equipo de gobierno defienden que la medida busca reforzar la convivencia y aliviar la presión sobre el mercado residencial, especialmente en los barrios más afectados por la concentración de viviendas de uso turístico. Al mismo tiempo, y como un guiño al sector, insisten que el objetivo no es penalizar la actividad reglada, sino actuar contra la oferta irregular.
Multas urbanísticas
No obstante, más allá del marco regulador, la principal novedad ha llegado de la mano del vicealcalde Manuel Villar. El edil responsable de forma temporal de la Concejalía de Urbanismo, en ausencia de una Rocío Gómez que se encuentra de baja por maternidad, ha confirmado que el próximo mes de enero el Ayuntamiento firmará un acuerdo con la Generalitat para asumir la competencia sancionadora sobre los pisos turísticos ilegales.
Este cambio permitirá al consistorio estrechar todavía más el cerco: inspeccionar, detectar irregularidades y aplicar sanciones sin depender de trámites externos. Hasta ahora, las multas eran competencia de la administración autonómica, aunque el Consell emitió un decreto en agosto de 2024 al que podían adherirse los municipios y que Alicante ha pospuesto durante casi un año y medio y al que se sumará a partir de 2026.
Avanza la nueva normativa
La propuesta aprobada para la 52ª modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) servirá como nueva guía para regular los alojamientos turísticos en Alicante. Tras esta primera votación, la normativa inicia ahora su fase de exposición pública, un periodo de 45 días para la presentación de alegaciones y aportaciones.
La medida fija un límite máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y establece que el control de la saturación se realizará por secciones censales, con una revisión anual de cada zona. En aquellas áreas donde no se supere ese umbral podrán autorizarse nuevas licencias, una vez finalice la moratoria vigente, prorrogada hasta 2028.
En cambio, en las zonas declaradas saturadas no se permitirá la creación de nuevas viviendas de uso turístico, una restricción que afecta de lleno al Centro, el Casco Antiguo y la Playa de San Juan, donde quedará vetada la implantación de más apartamentos turísticos, tanto en edificios completos como en inmuebles aislados.
Exenciones para los hoteles
La regulación introduce, no obstante, exenciones para los hoteles. Los establecimientos de cuatro y cinco estrellas quedarán liberados de los límites por saturación, mientras que los hoteles de tres estrellas dispondrán de un margen ampliado de hasta 0,32 plazas por habitante, al considerarse un modelo “más ordenado y con menor impacto”.
El equipo de gobierno defiende que este conjunto de medidas es imprescindible para equilibrar turismo y residencia, frenar la presión sobre la vivienda y reducir los efectos negativos sobre la convivencia, la movilidad, los servicios públicos y la sostenibilidad social, urbana y ambiental de la ciudad.
Otra de las iniciativas clave es la prohibición de alojamientos turísticos en los bajos comerciales, especialmente en los principales ejes de actividad. El Ayuntamiento justifica esta decisión en la necesidad de proteger el comercio de proximidad y evitar que los locales de planta baja, esenciales para la vida urbana, sean sustituidos por usos turísticos más rentables.
Sin bloqueo, pero con reproches
La oposición cuestiona el modelo y el alcance de la regulación. El grupo socialista ha sido uno de los más duros en su valoración de la nueva normativa. La concejala Trini Amorós ha advertido de que una suspensión basada en ratios y que excluye a los hoteles de cuatro y cinco estrellas consolida un urbanismo “a dos velocidades”.
Amorós ha denunciado que convertirán estos barrios en "parques temáticos" y que "están vendiendo el corazón de Alicante a grandes grupos empresariales”. A su juicio, el planteamiento del ejecutivo municipal favorece la sustitución del vecindario y del comercio por un modelo turístico intensivo.
Desde Compromís, el foco se ha puesto en la gestión política. Su portavoz, Rafa Mas, ha reprochado al alcalde, Luis Barcala, la falta de avances tras anunciar hace un año que el Ayuntamiento asumiría la competencia para sancionar los pisos turísticos ilegales. "No ha hecho absolutamente nada para inspeccionar y cerrar pisos ilegales y quiere hacer una moratoria solo para zonas saturadas y que se tensionen otras nuevas”, ha señalado.
También EU-Podem considera que la regulación se queda corta. El portavoz de la formación, Manolo Copé, ha puesto como ejemplo barrios como Carolinas, que, según ha detallado, quedarían fuera de la consideración de zona saturada pese a sufrir ya problemas de convivencia. Copé reclama criterios ajustados a cada barrio, una “moratoria real” y sanciones efectivas.
Vox, por su parte, entiende que la exención aplicada a hoteles de alta categoría debería extenderse a bloques turísticos superiores: “Es mejor un alojamiento turístico de categoría superior que una vivienda abandonada o un solar vacío”, ha concluido su portavoz, Carmen Robledillo.