Continúan las comprobaciones internas en el Ayuntamiento de Alicante por el polémico caso de la Urbanización Les Naus. Tras descartar que los cargos municipales adjudicatarios de viviendas protegidas influyeran en el proceso de enajenación de la parcela pública, el consistorio pretende determinar si existen más funcionarios o personal entre los propietarios.
El objetivo es identificar posibles irregularidades. Así lo anunció este martes el vicealcalde, Manuel Villar, en una comparecencia en la que también adelantó la denuncia que el propio Ayuntamiento ha presentado ante la Fiscalía y la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que el alcalde Luis Barcala dará “todas las explicaciones oportunas” en relación al escándalo.
Villar explicó que se van a cruzar los datos de la lista de propietarios con la plantilla municipal para conocer si hay más empleados del Ayuntamiento entre los adjudicatarios y, en su caso, ver “si se ha cumplido la normativa”. La intención, por tanto, es comprobar si existen posibles vínculos o situaciones irregulares durante el proceso y el acceso a esta promoción.
Esta medida se produce en un momento en el que el la controversia sigue creciendo tras destaparse la retirada en portales inmobiliarios de anuncios de alquiler por hasta 1.600 euros mensuales, así como la venta de algunos inmuebles a precio de mercado (400.000€), abonando en negro la cantidad restante del importe fijado por la Generalitat en las viviendas protegidas (VPP), que se sitúa entorno a 230.000 euros para esta urbanización.
“No es una caza de brujas”
Un informe del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, fechado a finales de enero, ya alertó de un posible “conflicto de intereses” al detectar que entre los adjudicatarios se encontraban la ahora exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó su dimisión el pasado viernes; dos hijos de la directora general de Recursos Humanos, que también ha renunciado a su puesto; y uno de los arquitectos municipales del área de Urbanismo.
Sin embargo, otros empleados públicos —de la administración local y autonómica— podrían estar entre los beneficiados con una de las viviendas. Y esa es la información que quiere conocer el Ayuntamiento. “No es una amenaza ni una caza de brujas”, se apresuró a recalcar el vicealcalde Manuel Villar, “se trata de una verificación administrativa dentro del marco legal”.
Este trabajo, según detalló Villar, incluye el cruce de los datos de propietarios y plantilla municipal, comprobación de identidades y posibles vínculos con la administración autonómica (Conselleria de Vivienda), quién el equipo de gobierno municipal insiste que es la “única con competencias” para visar la documentación y comprobar el cumplimiento de los requisitos.
Posibles expedientes sancionadores
En este contexto, el vicealcalde hizo referencia a la posible vinculación entre un funcionario de la dirección territorial de Vivienda en Alicante Conselleria y una arquitecta municipal. La Generalitat ya ha suspendido de empleo y sueldo al técnico por “omitir datos relevantes” durante el proceso y favorecer, de esta forma, la adjudicación de una vivienda en la promoción a su mujer.
Villar ha remarcado que el Ayuntamiento está “a la espera” de verificar la identidad de la persona y confirmar si “efectivamente” se trata de una trabajadora municipal. En caso de que se confirme, ha avanzado que se iniciaría un expediente sancionador que podría incluir la suspensión cautelar.
Ese será el mecanismo que, en caso de comprobarse alguna anomalía, llevará a cabo el consistorio si detectan otros funcionarios del cuerpo municipal entre los propietarios de estas viviendas protegidas en la Playa de San Juan.
En paralelo, el vicealcalde descartó emprender el mismo camino con la directora general ya dimitida, con dos hijos y un sobrino entre los adjudicatarios. La ex alto cargo conserva su puesto como jefa de servicio de Contratación, pero por ahora el ejecutivo municipal sostiene que "no consta que haya cometido ninguna irregularidad ni está implicada en el proceso".