La denegación de la licencia de obra mayor de los macrodepósitos del Puerto de Alicante debe esperar. El Ayuntamiento había desautorizado la construcción de la planta de combustibles en el muelle 19 por una discrepancia respecto a la superficie incluida en el proyecto (21.500 m2) y la parcela cedida por la Autoridad Portuaria, de 14.500 metros cuadrados.
Sin embargo, aunque el equipo de gobierno había anunciado en la mañana de este martes 3 de junio a bombo y platillo la paralización de los depósitos, finalmente debe dar marcha atrás, al menos por ahora. Tal y como ha explicado el consistorio, el área de Urbanismo tiene que estudiar las alegaciones presentadas por la mercantil XC Business 90 S.L. 'in extremis' para entender si puede denegar o no la licencia.
¿Por qué se retracta el Ayuntamiento?
Tras detectar la discrepancia en cuanto a la superficie destinada a la actividad y el espacio realmente disponible, el Ayuntamiento solicitó a la Autoridad Portuaria conocer con exactitud las dimensiones de la parcela cedida a la empresa. Una vez contrastado este posible “error” en la tramitación urbanística, Urbanismo dio un plazo de 15 días para que la compañía entregara un nuevo proyecto técnico adaptado a estas condiciones.
En un primer momento, confirman fuentes municipales, no se tenía constancia de que XC Business 90 S.L. hubiera respondido al requerimiento dentro del tiempo estipulado que cumplía ayer lunes. Por ello, han denegado la autorización de obras del centro de almacenaje y distribución de carburantes. El giro inesperado ha llegado cuando Urbanismo ha informado que las alegaciones sí que se habían producido “en tiempo y forma”.
¿Cuál es el siguiente paso?
Ahora el equipo técnico de este departamento municipal debe analizar con detenimiento si la nueva documentación aportada cumple con la superficie disponible. El Ayuntamiento no esconde que estas trabas administrativas forman parte de la estrategia para acabar con el proyecto de los macrodepósitos, que cuentan con rechazo “total y absoluto” del equipo de gobierno, grupos de la oposición, vecinos y colectivos medioambientales.
Una ‘táctica’ que se ha acrecentado más si cabe después de que el TSJCV obligara al consistorio a otorgar la licencia ambiental por “silencio administrativo”. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, señala que “vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para impedir la instalación de esta planta de combustibles”. De hecho, todavía está pendiente que se pronuncie el Constitucional ante del recurso de amparo del Ayuntamiento.