El cruce de datos para determinar si existen más funcionarios del Ayuntamiento de Alicante entre los adjudicatarios de alguna de las viviendas de protección pública (VPP) de la polémica promoción de Les Naus, en la Playa de San Juan, se adentra en su fase final. Y es que la Conselleria de Vivienda está ultimando la revisión de los registros de propietarios.
“Estamos a la espera de que en los próximos días nos trasladen la documentación definitiva”, ha señalado este martes el vicealcalde Manuel Villar, quien se ha mostrado prudente hasta una “comprobación oficial”.
El procedimiento de verificación comenzó a finales de la semana pasada después de que el propio Ayuntamiento notificara que había detectado posibles coincidencias de nombres y apellidos de varios empleados municipales entre los adjudicatarios de los pisos protegidos que han desatado todo un terremoto social y político en la ciudad de Alicante.
“Hay nombres y apellidos muy comunes que pueden corresponder a cualquier persona”, ha indicado Villar en la rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Gobierno. En este sentido, el vicealcalde ha enfatizado que estas “pocas” coincidencias “no permiten, por sí solas, afirmar que estos propietarios sean funcionarios del Ayuntamiento”.
Comprobación individualizada
Villar ha señalado que la revisión se está realizando de manera individualizada para evitar errores de identificación. “Hasta que Conselleria no verifique los datos uno por uno, no es posible sacar conclusiones”, ha añadido, aludiendo que en estos momentos “todavía no disponemos de esa información”.
Desde el Ayuntamiento de Alicante insisten en que no existe “confirmación oficial” de que haya más empleados públicos entre los propietarios de Les Naus. Por ello, la revisión se limita únicamente a contrastar nombres del censo de trabajadores que coinciden con los beneficiarios, sin que implique necesariamente irregularidades en el proceso de adjudicación.
El objetivo, asegura, es conocer si más personas vinculadas al Ayuntamiento han sido adjudicatarias de alguna de las viviendas como ocurre con la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y familiares cercanos; dos hijos de la exdirectora general de Organización Interna, que también ha renunciado a su puesto; y dos arquitectos municipales del área de Urbanismo.
"Lo que queremos verificar es si ha habido algún funcionario que haya adquirido una vivienda y que haya podido intervenir en el proceso", ha matizado. "Aquel funcionario que sea propietario y sea ajeno a cualquier fase del proceso no tiene ningún problema", ha insistido. De hecho, la semana pasada el propio Villar aseveró que “no se trata de una amenaza ni una caza de brujas, sino de una verificación administrativa dentro del marco legal”.
Dos expedientes
No obstante, en los casos en los que sí exista intervención será necesario revisar “en qué condiciones” se produjo, ha señalado Villar. Precisamente, el consistorio alicantino ya ha abierto dos expedientes informativos a sendos funcionarios del área urbanística municipal.
El primero recae sobre el arquitecto del Ayuntamiento que el informe del Servicio de Patrimonio apuntó por posible “conflicto de intereses”.
Aunque la investigación interna descartó una “intervención decisoria” en la enajenación de la parcela o en la concesión de la licencia de obra, la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía plantea “dudas fácticas”.
El texto, al que ha tenido acceso Alicante Extra, señala que el arquitecto intervino de facto en la gestión del contrato durante 2024 sin advertir en ningún momento de su condición de cooperativista en Les Naus.
El segundo de los expedientes está relacionado con la posible adjudicación irregular de una vivienda a otra de las arquitectas municipales. Un caso vinculado a la suspensión cautelar de empleo y sueldo de un técnico de la Dirección Territorial de Vivienda en Alicante, pues validó el visado de su mujer —la arquitecta— sin que costaran “datos relevantes” sobre los ingresos del cónyuge —el técnico de Vivienda— sobre ingresos u otras propiedades.