La reforma del Panoramis ya tiene vía libre y desencalla la polémica por la futura sede de la Cámara de Comercio. El Ayuntamiento de Alicante ha concedido finalmente la licencia de obra mayor a la mercantil Digital Corner S.L., promotora del complejo en el Puerto, para ejecutar la remodelación y ampliación para albergar oficinas, comercios y servicios.
La autorización, sin embargo, no llega sin condiciones. El decreto municipal fija un plazo de 12 meses para ejecutar las obras y obliga a la empresa a corregir varias actuaciones que incumplen la normativa urbanística.
Entre ellas, destacan la eliminación de la planta construida en algunos de los antiguos multicines y la adaptación de una terraza situada junto al restaurante Dársena para ajustarla al proyecto aprobado.
Demoler la planta construida en los antiguos cines
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución afecta a varias de las salas de los antiguos cines del centro comercial. Los informes municipales concluyen que en esos espacios se ejecutó una entreplanta que dio lugar a una segunda planta adicional, una actuación que excede los parámetros urbanísticos permitidos y que no puede ser regularizada.
El decreto es contundente y señala que, conforme a la normativa autonómica, "se ha de proceder a la restauración de la legalidad infringida", ya que esas obras suponen "un incumplimiento del número máximo de plantas permitidas y un exceso de la edificabilidad máxima permitida".

Por ese motivo, el Ayuntamiento concede un plazo máximo de seis meses para revertir la situación. La resolución añade que deberá ejecutarse "la reposición material de lo indebidamente ejecutado y de los elementos ilegalmente construidos, que configuran una segunda planta ilegalizable", dejando el edificio conforme a los límites urbanísticos autorizados.
Cambios en la terraza y en las zonas comunes
A su vez, desde Urbanismo también exige modificar la terraza instalada en el recibidor principal de inmueble, junto al restaurante Dársena, al considerar que "invade una zona destinada al tránsito de personas".
En este sentido, el decreto establece que será necesario "proceder al desmontaje de las instalaciones y bienes muebles existentes con destino de uso privativo que ocupan la zona común de libre circulación", de manera que el espacio vuelva a ajustarse al proyecto reformado autorizado y respete los límites de ocupación previstos por el planeamiento.
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que no podrá ocuparse ni modificarse ningún espacio abierto o zona común sin la autorización previa tanto del Consistorio como de la Autoridad Portuaria, al entender que ello alteraría parámetros urbanísticos como la edificabilidad o la ocupación máxima permitida.

La resolución también determina que los cerramientos del pasillo de libre circulación de la primera planta deberán considerarse fachadas exteriores, por lo que no podrán instalarse puertas intermedias ni elementos que limiten el recorrido.
Además, insiste en que todas las zonas comunes deberán mantenerse abiertas al tránsito de personas y "en ningún caso se podrá restringir el paso o tener un uso privativo de las mismas".
Completar toda la documentación técnica
Aunque la licencia ya ha sido concedida, el inicio efectivo de las obras todavía dependerá de un último trámite administrativo. Antes de comenzar los trabajos, la mercantil Digital Corner deberá presentar el proyecto de ejecución definitivo acompañado de una declaración responsable que certifique que no introduce modificaciones sustanciales respecto al autorizado.
Una vez registrada esa documentación, el Ayuntamiento dispondrá de 30 días para comprobar que todo se ajusta a la licencia. Si en ese plazo no formula objeciones, las obras podrán comenzar, aunque el Consistorio mantiene intactas sus facultades de inspección y control durante toda la ejecución del proyecto.
El expediente incorpora además la obligación de aportar diversa documentación técnica complementaria, entre ella los proyectos de acometidas de servicios públicos, el estudio de seguridad y salud, el plan de gestión de residuos de construcción y demolición y el certificado de eficiencia energética.
El decreto advierte, además, de que cualquier actuación que se aparte del proyecto aprobado podrá ser objeto de demolición, sin derecho a indemnización, si así lo determinan los servicios técnicos municipales.
