El Ayuntamiento de Alicante ha decidido dar (ahora sí) un paso firme para contener el avance descontrolado de los apartamentos turísticos. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes el informe ambiental y territorial para la 52ª modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que servirá como nueva guía para regular estos alojamientos.
Aún así, el expediente todavía debe superar varios pasos en su tramitación. El documento se elevará al próximo pleno ordinario del mes de diciembre para su aprobación inicial, una condición "indispensable" para prolongar la moratoria en marcha que suspense nuevas licencias de pisos turísticos mientras se aprueba definitivamente la nueva regulación.
Esta revisión adopta la opción más dura entre las estudiadas por el consistorio: la fijación de un límite máximo de plazas por habitante en cada sección censal y la prohibición de nuevas licencias en aquellas zonas consideradas saturadas.
Un marco más estricto para frenar la saturación
La propuesta establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y veta su creación en bajos comerciales. Así, en áreas con mayor población habrá una mayor permisividad, mientras que en sectores con menos residentes, la capacidad turística se reducirá.
El control de la saturación, detallan fuentes municipales, se realizará por secciones censales, revisándose cada año la situación de cada zona. En aquellas áreas donde el índice de plazas turísticas por habitante no supere el límite máximo, se podrán autorizar nuevas licencias. Eso sí, una vez caduque la moratoria vigente que se ha extendido hasta 2028.
Con ello, desde el Ayuntamiento explican que se busca que el uso residencial vuelva a ser el dominante en los barrios de la ciudad y que el equilibrio y la convivencia entre vecinos y visitantes deje de depender del mercado.
En las zonas declaradas como saturadas no habrá nuevas viviendas de uso turístico (VUT). Afecta a áreas como el Centro, el Casco Antiguo o la Playa de San Juan, donde ya no podrán implantarse más apartamentos turísticos, ni en edificios completos ni en inmuebles aislados. La decisión apunta al corazón del problema que denuncian desde hace años asociaciones vecinales que acusan a estos alojamientos de encarecer el alquiler y alterar la convivencia.
Prohibición en bajos comerciales
El Ayuntamiento también cierra la puerta a los alojamientos turísticos en las plantas bajas de los ejes comerciales. La intención es "proteger el comercio de proximidad que sostiene la vida de barrio y mantiene el pulso social de cada zona". A través de esta medida, el consistorio quiere frenar la sustitución de negocios por usos turísticos más rentables, un fenómeno empieza a modificar la actividad diaria y la relación de los vecinos con su entorno.
La nueva normativa persigue asegurar que las plantas bajas sigan reservadas para locales accesibles, visibles y conectados con el espacio público, donde tienen sentido los comercios y servicios. Evitar que los alojamientos turísticos ocupen estos espacios busca preservar el tejido comercial de barrio y garantizar la cohesión social y la continuidad urbana.
Exenciones a hoteles
La norma, sin embargo, libera de estas restricciones a los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. El Ayuntamiento considera que generan “menos conflictos” y que aportan un modelo de turismo “más ordenado y beneficioso” para la ciudad. Los establecimientos de mayor categoría quedan exentos de los límites por saturación, mientras que los de 3 estrellas dispondrán de un margen superior de hasta 0,32 plazas por habitante.
El equipo de gobierno sostiene que esta medida es la “única vía” para asegurar un “equilibrio real” entre turismo y residencia y para "frenar la presión sobre la vivienda". La portavoz municipal, Cristina Cutanda, también defiende que ayudará a "proteger la identidad social" de los barrios y a contener los impactos ambientales vinculados al incremento de visitantes.
De hecho, en esta nueva medida se establece que los alojamientos turísticos que se quieran instalar en edificios residenciales de Alicante deberán contar con un acceso independiente y exclusivo del resto de viviendas del bloque, evitando interferencias con la vida comunitaria de vecinos y vecinas. Esta exigencia pretende "minimizar" los conflictos de convivencia derivados del tránsito de visitantes y "preservar la tranquilidad" de los entornos residenciales.