Así es la nueva tasa de basuras en Alicante: cuánto se pagará en 2025

La nueva normativa aumenta hasta cuatro veces el recibo y establece ahora como criterio el valor catastral a diferencia de la zonificación geográfica

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Un camión recoge la basura en el centro de Alicante
Un camión recoge la basura en el centro de Alicante

El bolsillo de los alicantinos y alicantinas deberá hacer frente a un aumento considerable de la tasa de basuras a partir de enero de 2025. Así lo ratificó el pleno del Ayuntamiento de Alicante el pasado martes después de que el equipo de gobierno sacará adelante su propuesta a última hora por la ausencia de un concejal de Vox por baja de paternidad. La nueva ordenanza reguladora sigue las directrices marcadas por la Unión Europea, que obliga a equiparar el importe de la recaudación al coste real del servicio.

Y esa modificación en la normativa repercute en que ahora cada contribuyente verá incrementado hasta cuatro veces el precio de este impuesto. Actualmente, las viviendas situadas en zonas categorizadas como de rentas bajas pagan un mínimo de 22,72 euros, pero la nueva fórmula abandona el criterio de zonificación geográfica y se centrará en el valor catastral y la superficie de las viviendas, oficinas y establecimientos comerciales.

¿Cuánto se pagará a partir de 2025?

La propuesta inicial del equipo de gobierno establecía que el nuevo importe mínimo, para viviendas de hasta 60 metros cuadrados y un valor catastral inferior a los 300 euros por metro cuadrado fuera de 83,62 euros. Sin embargo, el proyecto aprobado finalmente en el pleno reduce esa cifra hasta los 69,85 euros. “De esta forma se descarga a las familias con menores recursos, mientras que el coste adicional recae en las viviendas de mayor valor”, asegura el concejal de Hacienda Toni Gallego.

A pesar de ese descenso del 42% con respecto a la primera opción, continúa siendo un aumento muy significativo. Esa diferencia de 13 o 14 euros, tal y como explica el responsable de las cuentas alicantinas, se traslada directamente a las viviendas con más de 500 euros por metro cuadrado de valor catastral. En este sentido, esta tipología de casas afrontarán ahora un pago que supera los 145 euros anuales, respecto a los 131€ previstos en el primer borrador de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

Además de las viviendas particulares, el incremento en la tasa también afectará a establecimientos comerciales, bares, cafeterías y grandes generadores de residuos, como centros comerciales. En estos casos, la nueva ordenanza contempla un sistema de tarifas ajustadas con un coeficiente corrector en función de la generación de residuos, la separación de los mismos, la afluencia de público de la vía y el uso de veladores. En todos los casos, el índice más bajo será de 62,39 euros.

Bonificaciones por reciclaje

Aunque el aumento de la tasa es la medida más destacada, el Ayuntamiento también ha incluido en la nueva ordenanza un sistema de bonificaciones y exenciones como incentivo a la colaboración ciudadana en la recogida selectiva. Por primera vez, los ciudadanos que utilicen la tarjeta electrónica o la aplicación ‘Tú haces Alicante’ para depositar residuos en los contenedores se recogida selectiva, que se ya se han implantado en los distintos barrios de la ciudad, podrán beneficiarse de una reducción de hasta el 20% en el recibo de la tasa.

En concreto, la reducción en la tasa puede alcanzar hasta el 20% en el caso de utilizar la tarjeta en el depósito de residuos al menos cuatro veces por mes durante 10 de los 12 meses del año. La reducción será del 15% en el caso de que se cumplan estos cuatro usos durante 8 meses; y seguirá una progresión proporcional del 10% si se realiza ese uso durante cinco meses y 5% durante tres meses.

La oposición considera que la tasa “no penaliza a quienes más contaminan” y critica que establece la carga “sobre más del 80% de los domicilios y solo un 17% sobre las actividades económicas”. Asimismo, subrayan que la tasa “no diferencia entre grandes empresas y familias de barrios desfavorecidos”, lo que genera una carga “injusta”. De esta forma, desde Compromís y EU-Podem inciden en que el cálculo es “erróneo y desproporcionado" y recriminan al gobierno municipal la demora en implementar la medida, argumentando que "debió entrar en vigor en 2022”.

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