La polémica en torno a la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus al entorno de algunos altos cargos del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda sigue escalando y cada nuevo movimiento añade una pieza más a un caso que todavía está lejos de quedar cerrado.
Mientras la jueza de Instrucción Número 5 de Alicante que investiga las presuntas irregularidades tira del hilo y trata de reconstruir qué ocurrió alrededor de la promoción de la playa de San Juan, las declaraciones de los distintos protagonistas dibujan versiones que no siempre encajan entre sí.
El foco se mantiene sobre el proceso de adjudicación, el papel que desempeñaron algunos responsables municipales en la tramitación de la enajenación de la parcela y, sobre todo, sobre qué sabía cada uno y en qué momento lo supo. Esa es la polémica que centra el debate político en la ciudad de Alicante desde finales del pasado mes de septiembre.
De hecho, el PSOE, Compromis y EU-Podem han solicitado este martes un pleno extraordinario para que el vicealcalde, Manuel Villar, dé explicaciones sobre las “últimas informaciones” relacionadas con las viviendas de protección pública del residencial. Finalmente, se celebrará este jueves 8 de octubre a las 13:00h tras el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
Las incógnitas que deja el caso Les Naus
Esta sesión se produce en un momento especialmente delicado para el equipo de gobierno tras las declaraciones en sede judicial de María Pérez-Hickman, exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, y Toni Gallego, ex concejal de Hacienda y Patrimonio.
Los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento quieren que Villar aclare, entre otras cuestiones, si en 2022 la entonces jefa de Contratación le comunicó que sus hijos estaban inscritos en la cooperativa de Les Naus, tal y como declaró ante la jueza. Dos hijos y un sobrino de la responsable municipal fueron beneficiarios de tres de la viviendas en la promoción.
El vicealcalde, por ahora, ha optado por no entrar en ese terreno y esperar al pleno. Este martes, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, Villar se limitó a recordar que responderá en la sesión extraordinaria “por respeto a los grupos que preguntarán allí”.
El gobierno municipal rebate el relato de Gallego
El pleno extraordinario estará condicionado también por la declaración judicial del exconcejal de Hacienda y Patrimonio Toni Gallego, que el pasado miércoles 30 de septiembre ratificó ante la jueza la versión que ya había ofrecido en la comisión de investigación de Les Corts.
La confesión de Gallego se centra en julio de 2024, cuando acababa de asumir las competencias de Patrimonio tras la salida de estas funciones de Rocío Gómez. Según relató, poco antes de comenzar un pleno municipal, Gómez le pidió que respondiera en su lugar a una pregunta relacionada con la clasificación urbanística de Les Naus.
Fue entonces, siempre de acuerdo con su testimonio, cuando la exedil le habría comunicado que era una de las propietarias de una vivienda del complejo. “Yo tengo ahí una casa; es todo legal, de antes de que entrara en política, pero no quiero que lo mezclen”, apuntó Gallego que le dijo Gómez en una sala anexa al salón de plenos instantes antes del inicio.
También sostuvo que la entonces responsable del área de Urbanismo le entregó un documento con la contestación que debía ofrecer ante la pregunta que había formulado el grupo Compromís .“Me dio un papel con la respuesta preparada”, aseguró Gallego.
El equipo de gobierno respondió posteriormente a esta versión. Villar sostuvo en un comunicado que “lo que el exconcejal recuerda no coincide con la realidad de los hechos”. En concreto, negó que Gallego recibiera la encomienda de responder a última hora y afirmó que “ya conocía días antes” que debía contestar a la iniciativa, al ser el concejal responsable de Patrimonio. “Se puede acreditar documentalmente”, subrayó Villar.
Las preguntas que la izquierda quiere resolver
Las dudas que PSPV, Compromís y EU-Podem quieren trasladar a Manuel Villar van mucho más allá de si el vicealcalde conocía o no la vinculación de familiares de María Pérez-Hickman con la cooperativa de Les Naus.
En el escrito registrado para reclamar el pleno extraordinario los tres grupos justifican la “urgencia” de la convocatoria en el derecho de la ciudadanía a saber “si ya en 2022 existía información dentro del gobierno municipal”.
Una de las cuestiones pasa por determinar cuándo recibió Villar esa información. La izquierda quiere que concrete si Pérez-Hickman le comunicó “en febrero de 2022 que familiares suyos habían ingresado en la cooperativa” y, en caso afirmativo, “en qué fecha exacta tuvo conocimiento”. También le reclaman que explique “qué actuación concreta” llevó a cabo al conocerlo.
El escrito entra, además, en el posible conflicto de intereses y en las decisiones que se tomaron dentro del Ayuntamiento. PSPV, Compromís y EU-Podem preguntan a Villar si se “analizó esa posibilidad y si existe algún informe jurídico al respecto”.
También quieren saber si trasladó aquella conversación durante el expediente de averiguación de hechos abierto por el secretario municipal a petición del alcalde Luis Barcala y si lo puso en conocimiento de otros responsables en el seno del Ejecutivo local.
La oposición quiere saber, del mismo modo, si Villar informó al primer edil de esta circunstancia y por qué, una vez conocida, no se apartó a Pérez-Hickman de cualquier actuación relacionada con Les Naus. El escrito cuestiona que, posteriormente, continuara como jefa de Contratación y que, en mayo de 2024, fuera nombrada directora general. “¿Quién propuso y avaló dicho nombramiento?”, plantean las formaciones progresistas.