Alicante prepara un nuevo marco para regular los pisos turísticos y adaptar su crecimiento a la situación de cada barrio. El Ayuntamiento ha publicado el decreto que somete nuevamente a información pública la Modificación Puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), después de introducir cambios sustanciales en el documento.
La propuesta establece tres niveles de presión turística y fija condiciones diferentes para la implantación de nuevos alojamientos. El objetivo es evitar que la concentración de plazas turísticas siga aumentando sin control en las zonas más tensionadas, al tiempo que se permite un crecimiento limitado allí donde los indicadores lo consideran asumible.
Estas modificaciones, que todavía deben continuar su tramitación, se introducen como resultado de un análisis "exhaustivo y actualizado de la realidad" y tras estudiar "en profundidad" las alegaciones presentadas, así como el informe emitido al respecto por la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana, que incorpora recomendaciones.
El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha defendido que la regulación busca “responder a las necesidades reales” de cada barrio. Según ha señalado, la intención municipal es proteger el uso residencial de los edificios, preservar el comercio de proximidad y favorecer la convivencia, además de proporcionar seguridad jurídica a residentes y actividades económicas.
Tres zonas para limitar el crecimiento de los pisos turísticos en Alicante
La principal novedad del documento es la división de Alicante en 26 unidades funcionales, delimitaciones que se corresponden aproximadamente con los distintos barrios de la ciudad. Cada una tendrá una clasificación determinada en función de su Índice de Presión de Alojamiento Turístico (IPAT), que mide el peso de las plazas destinadas a visitantes respecto a la población residente.

La segunda categoría es la de mantenimiento, que comprende los barrios con una presión turística situada entre 7,19 y 14,38 plazas por cada 100 habitantes. En estas áreas, la propuesta pretende contener la expansión y evitar que aumente la concentración de alojamientos, sin plantear necesariamente una reducción inmediata de la oferta existente.
Por encima de 14,38 plazas turísticas por cada 100 habitantes se encontrarán las zonas de decrecimiento. Se trata de los ámbitos con mayor presión, donde la regulación busca frenar nuevas incorporaciones y favorecer una evolución más equilibrada. El IPAT, además, se revisará anualmente para actualizar la clasificación conforme cambie la realidad de cada barrio.
Las viviendas turísticas tendrán un límite adicional
La clasificación por presión turística no será el único filtro para autorizar nuevas viviendas de uso turístico (VUT). El Ayuntamiento incorpora también el Índice de Saturación de Viviendas de Alquiler Turístico (ISVAT), un indicador específico para controlar la presencia de esta modalidad en el parque residencial.

El valor inicial de referencia se sitúa en 1,56 viviendas turísticas por cada 100 viviendas. La aplicación de este segundo índice introduce una limitación adicional: aunque un barrio esté clasificado como zona de crecimiento controlado por su presión turística general, no podrán implantarse nuevas VUT si supera el umbral establecido.
De esta forma, la propuesta distingue entre la capacidad turística global de un ámbito y el peso concreto que han alcanzado los pisos destinados al alquiler vacacional. La intención es evitar que una zona con margen para otros alojamientos siga acumulando viviendas turísticas hasta comprometer su función residencial.
El sistema también contempla una actualización de los indicadores para que las decisiones urbanísticas no queden vinculadas de manera permanente a una fotografía fija de la ciudad. La revisión anual del IPAT, explican fuentes de Urbanismo, permitirá detectar cambios en la distribución de las plazas y ajustar las restricciones a la evolución de cada unidad funcional.
Más obstáculos para convertir edificios residenciales en alojamientos turísticos
Otra de las medidas afecta a la transformación de inmuebles residenciales. La modificación restringe que edificios destinados a vivienda pasen a utilizarse como establecimientos de alojamiento turístico, una fórmula que reduce la disponibilidad de hogares para vecinos y vecinas y alterar el uso habitual de determinadas calles de la ciudad.
El documento contempla excepciones concretas. Una de ellas se refiere a la rehabilitación integral de edificios catalogados, mientras que también se abre la puerta a determinados inmuebles residenciales completos declarados en ruina. En este último supuesto, la posibilidad queda limitada a las zonas clasificadas como de crecimiento controlado.
La regulación incorpora, además, condiciones para los edificios de uso exclusivo turístico. Sus plantas bajas deberán destinarse a actividades abiertas al público, excepto aquellos espacios que resulten necesarios para el funcionamiento del propio establecimiento.

También se prohíbe instalar unidades alojativas de cualquier modalidad en las plantas bajas de los ejes de barrio y comerciales. La restricción afecta, por tanto, no solo a las viviendas turísticas, sino al conjunto de fórmulas de alojamiento contempladas en la propuesta urbanística.
Una VUT por manzana en las áreas residenciales unifamiliares
La modificación atiende específicamente a las áreas residenciales unifamiliares situadas fuera de las 26 unidades funcionales. En estos espacios, el Ayuntamiento plantea un máximo de una vivienda de uso turístico por manzana, con el propósito de limitar la concentración de alojamientos en entornos concebidos principalmente para uso residencial.
El texto de la nueva Modificación Puntual número 52 también introduce cambios en los requisitos aplicables a las VUT dentro de edificios residenciales. En concreto, elimina la obligatoriedad de disponer de un acceso independiente, una condición que, según ha matizado el Ayuntamiento, podía dificultar la implantación de esta actividad en determinados inmuebles.
Además, se prevé la creación de un certificado municipal destinado a controlar las plazas disponibles. Esta herramienta permitirá comprobar la capacidad existente antes de nuevas implantaciones y facilitará la aplicación de los límites establecidos para cada zona, especialmente cuando concurran distintos indicadores.
La propuesta incluye igualmente un régimen transitorio para las actividades que ya funcionan legalmente. Su continuidad, ha concluido el edil de Urbanismo, quedará sujeta a los requisitos y plazos previstos en el documento, por lo que la nueva regulación no implica que todos los alojamientos existentes deban cesar automáticamente su actividad.