Habrá huelga en los autobuses interurbanos de Alicante, tal y como anunciaron los trabajadores al inicio de este mes. El Comité de Empresa de Automóviles La Alcoyana ha confirmado la convocatoria para este jueves 29 de mayo como respuesta a lo que califican de "ausencia de avances concretos" por parte de las administraciones públicas implicadas —Generalitat y Ayuntamientos— y de la propia empresa concesionaria del servicio.
Los representantes de los trabajadores señalan en un comunicado que la situación del transporte público en Alicante y su área metropolitana es “cada vez más insostenible”. De esta forma, la huelga comienza con paros parciales el último jueves de cada mes, coincidiendo con el Pleno en el Ayuntamiento de Alicante, seguirá durante la celebración de las Hogueras y pasará a ser indefinida desde el 8 de septiembre si no se producen avances.
A pesar de que la Dirección General de Transportes todavía no ha comunicado los servicios mínimos establecidos para esta jornada de huelga, fuentes sindicales consultadas por este diario indican que, posiblemente, únicamente se realizará un 30% del servicio habitual. Las principales líneas afectadas son las que conectan Alicante con El Campello (Línea 21), Sant Joan d'Alacant y Mutxamel (Línea 23) y San Vicente del Raspeig (Línea 24).
“Medidas temporales e insuficientes”
La Conselleria de Movilidad ha anunciado una ampliación del servicio a partir del 1 de junio. La medida, limitada al periodo estival (hasta el 30 de septiembre), contempla la incorporación de tres autobuses adicionales en la línea 24, otros tres en la línea 23 y uno más en la línea 21. Sin embargo, el comité considera estos refuerzos “claramente insuficientes” para revertir lo que describen como una “situación de precariedad estructural”.
Además, subrayan que la ampliación del servicio está condicionada a varios factores: la eliminación del bono gratuito para jóvenes a partir del 1 de julio y una reestructuración del sistema de títulos de transporte. “No se ha aclarado si los nuevos bonos para menores de 31 años se aplicarán exclusivamente a las líneas interurbanas y el TRAM, lo que podría dejar fuera a gran parte de la ciudadanía”, advierte el sindicato mayoritario en el comité de La Alcoyana.
Asimismo, apuntan que también se desconoce si se mantendrá el descuento del 50% en el resto de los bonos, una incertidumbre que “afecta tanto a usuarios como a trabajadores”. Otro punto de conflicto es que la empresa concesionaria ha trasladado su intención de cubrir esta ampliación de servicio “utilizando los autobuses actuales, sin refuerzos”.
En este sentido, los trabajadores alertan que se trata de una flota “envejecida y con continuas averías”, lo que, según denuncian, “convierte cada jornada en un verdadero reto para garantizar todas las salidas”. A día de hoy, aseguran, no se han realizado grandes inversiones para renovar los vehículos ni se han reforzado los equipos técnicos o humanos.
Bloqueo institucional
Uno de los principales obstáculos que señala el comité para la mejora del servicio de autobuses interurbanos de Alicante es la negativa de los ayuntamientos de la comarca de L’Alacantí a asumir la creación de un ente metropolitano similar al de la ciudad de València. El concejal de Movilidad de Alicante, Carlos de Juan, explica que “la falta de recursos económicos impide afrontar una gestión compartida del transporte público”.
Los trabajadores califican esta postura como “decepcionante” y consideran que “traslada a la ciudadanía y al personal la carga de un problema que requiere soluciones institucionales inmediatas”. Precisamente, Compromís y EU-Podem se han unido para pedir en los próximos plenos municipales de Alicante, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, El Campello y Sant Joan la creación de este ente que coordine la movilidad pública comarcal.
Pese a este bloqueo, tanto los ayuntamientos del sistema TAM como la Conselleria han mostrado su intención de prorrogar el acuerdo de colaboración actual que sustenta las licitaciones en vigor del servicio. A juicio del comité, esta situación demuestra que “no existen impedimentos reales para la creación del ente metropolitano”, y apuntan directamente a la “falta de voluntad política” como principal freno para avanzar.
Por último, recuerdan que el servicio continúa operando bajo un contrato de emergencia desde el pasado agosto de 2024 que la empresa utiliza para “escudarse y justificar su inacción en el mantenimiento y renovación de la flota”. “No ha habido a día de hoy —concluye el comunicado— ningún refuerzo técnico ni humano que permita afrontar con garantías la situación actual ni la ampliación del servicio anunciada desde junio”.